Autonomía Andaluza

La autonomía que Andalucía perdió el 18 de julio de 1936

Autonomía andaluza Blas Infante

La autonomía que Andalucía perdió el 18 de julio de 1936

Introducción

Intentar explicar la Historia presente de Andalucía es imposible sin echar una mano al pasado inmediato que tanto la condiciona. En la medida que el presente hunde raíces en lo sucedido durante el devenir del siglo XX, resulta obligada su reseña para explicar dónde estamos y cuál ha sido el camino recorrido. Al hilo del 80º aniversario del golpe militar y su posterior conflicto bélico, por ese orden, es necesario traer a colación aquello que la Historia nos negó en 1936. El recurrido aforismo de quien no la conoce la repite, es siempre una alerta para caminantes hacia un futuro siempre incierto. Las celebraciones de la efeméride recordarán la inconstitucionalidad de la asonada y su falta de argumentos morales y políticos. Decir que sin octubre de 1934 no hubiese habido julio de 1936, es igual que negar la existencia de una conjura de la derecha y los militares para derribar la República desde la sanjurjada de 1932. Por mucha crisis e inestabilidad política que exista nada justifica la intervención de los militares en política y mucho menos la institucionalización de un régimen represivo para la implantación de valores abiertamente fascistas en sus inicios y militarista hasta su final. Quizás por eso es importante diferenciar el clima de inestabilidad de la Segunda República y el estallido de violencia a partir de la sublevación militar. Que esta última se justifique por la primera es más un argumento propagandístico heredado del Franquismo que un razonamiento creíble ante quienes no se quieren convencer. Quede claro pues que los generales golpistas fueron quienes se situaron fuera de la ley y, que tras una victoria militar, hicieron de aquel régimen en su origen ilegal cuatro lustros de aguda paradoja: los que estaban al margen de la legalidad enjuiciaban a quienes defendían la Constitución republicana por ser contrarios a la misma. La falta de legitimidad delictiva es suplida por un hábil discurso justificatorio donde no cabe la palabra “guerra” sino un conjunto de metáforas justificativas que más tarde se explican durante en la construcción del Estado Franquista.

Dicho esto, matizar que nuestra intención no es convertir este texto en un alegato contra el origen políticamente perverso de aquel levantamiento militar –otro más en la Historia de España, y que da origen a una guerra posterior. Como tampoco es nuestro propósito examinar la condenable represión por sistemática del nuevo Estado que se consolidaba. Entre los proyectos políticos que aquella intentona triunfante cercenó, se encuentra la posibilidad de establecer bajo la Constitución de 1831, primera que lo recoge oficialmente, un Estado de las Autonomías muy semejante al que hoy disfrutamos. Algo que también debe formar parte de nuestra intención memorialista. Y en el ejemplo andaluz conviene recordar algunos hechos. Vale la pena recordarlos ahora que llega este revelador hito que explica aún muchos de los aspectos que aún nos ocurren y ocupan.

La primera petición de autogobierno

Una vez que el regionalismo andaluz toma forma y evoluciona, aumenta su reivindicación política y social. Se dejan a un lado las tesis exclusivamente culturales o económicas para dar prioridad a un proyecto político de construcción nacional, sin buscar con ello el modelo organizativo propio de un partido político.

Los momentos pre-nacionalistas del regionalismo suponen la ruptura con posiciones moderadas y burguesas, a la vez que abrazan la necesidad de un proyecto político como raíz primera sobre la que modificar la estructura socioeconómica de Andalucía. En este marco, la autonomía reivindicada debe entenderse como una regeneración y modernización de las políticas de una España caduca y en decadencia, cuando no muerta, fracasada en su proyecto político restaurador, monárquico y centralista, la cual debe renovarse –restaurarse- desde las regiones y los municipios.

De esta forma, materializando los acuerdos alcanzados en la Asamblea de Ronda, el día 28 de noviembre de 1918, el Centro Andaluz de Sevilla registra tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación hispalenses la primera propuesta –moción– de solicitud de autonomía para Andalucía, aunque se hace extensiva a “todos los municipios, representantes en Cortes, Diputaciones, entidades y asociaciones políticas, culturales, agrarias y económicas… en pie de igualdad con los pueblos de España.

Tal y como recoge el texto, “la hora de la liquidación de la vieja España ha sonado ya”, por lo que, como sucede en otros pueblos del Estado, se reclama el reconocimiento a sus aspiraciones autonómicas. Pese a encontrarnos ante la primera reclamación de autogobierno para Andalucía, la clase política de la época tanto de izquierda como de derechas da la espalda a la propuesta, e incluso, desde las organizaciones obreras más centradas en reivindicaciones sociales, jornaleras o proletarias, se tacha la misma de burguesa y moderada, cuando no de innecesaria.

Al fin de la I Guerra Mundial y de la Revolución Rusa, el Manifiesto de la Nacionalidad firmado el 1 de enero de 1919 reclama la abolición de los poderes centrales y con ello, la desaparición de la vieja España de la mano de “una renovación integral de la vida española. Andalucía se define así en el escenario de la reestructuración posbélica de las naciones europeas y al hilo de la incipiente Sociedad de Naciones. Busca su reconocimiento como territorio culturalmente diferenciado ante el nuevo mapa que se dibuja de Europa y al amparo de la tutela pacifista de dicha entidad mundial.

De la mano siempre de una autonomía generatriz (de abajo arriba), consecuente con el modelo federal heredado del siglo pasado, el texto expresa su rechazo al Estado centralista defendiendo la necesidad de una “Andalucía libre”, liberada de todos los males y dependencias. Es más, se la considera por vez primera como “nacionalidad”, no tanto por una exaltación racial o porque aspire a conformar un Estado propio, sino sobre la base de una percepción asumida y defendida colectivamente: una “común necesidad invita a todos los hijos a luchar juntos por su común redención”. Así, Andalucía no es otra cosa que una aspiración reconocida por sus ciudadanos desde el esfuerzo colectivo y consciente para superar siglos de marginación y subdesarrollo. Se rompe de este modo con todos los moldes teóricos. Quizás por eso, Infante cataloga al nacionalismo andaluz con una frase aparentemente contradictoria pero rica en matices: como el más antinacionalista.

Reclama la reforma de la Constitución de manera que los tres poderes, legislativo (“Cámara”), ejecutivo (“Ministros”; es decir, Consejo de Gobierno) y judicial (“Tribunal Supremo”) se encuentren integrados en la soberanía de una autonomía, la cual debe contar también con una Asamblea de municipios andaluces en el contexto de una federación hispánica de regiones. Algunas de las reivindicaciones expuestas son: la “independencia civil y social” de la mujer, justicia e instrucción gratuita, autonomía municipal, la municipalización del valor del suelo, la resolución del problema del hambre…. invocando siempre, a su vez, la organización de los andaluces de conciencia, de los municipios, partidos y representantes: “Por Andalucía, España y la Humanidad”.

En septiembre de 1923 tiene lugar el golpe de Estado incruento protagonizado por el general jerezano Miguel Primo de Rivera que da paso a una época de centralismo político-administrativo, partido único, militarización, censura y control sociopolítico. Periodo donde se intenta sin éxito reactivar una fórmula política que reaparece en el tiempo, incluso hasta el tardofranquismo, para constituir un órgano regionalizante sumando las ocho diputaciones en una propuesta mancomunal andaluza.

La posibilidad autonómica durante la II República

La República representa nuevas expectativas para Blas Infante y el movimiento en favor de Andalucía. Su instauración el 14 de abril de 1931 abre un periodo donde los deseos autonómicos, reivindicados durante años por algunos círculos, partidos y territorios del Estado pueden ser posibles y legales. En este marco, la Junta Liberalista, el 7 de mayo de 1931, solicita a la Diputación de Sevilla que convoque una Asamblea para iniciar un proceso autonómico: “Llegaron los tiempos que hubimos de predecir, desde hace veinte años, durante los cuales hemos venido exhortando al Pueblo Andaluz a que restaure su personalidad, la cual, afirmábamos entonces…”.

Andalucía, de esta forma, no queda a la zaga y la propuesta, aún antes de redactarse la Constitución, es acogida favorablemente por el Presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Hermenegildo Casas (antiguo miembro del Centro Andaluz). Una de sus primeras decisiones es la de enviar un Cuestionario para valorar la conciencia autonómica en diputaciones, ayuntamientos, entidades y formaciones políticas. Según está documentado, el primer Ayuntamiento en responder y adherirse al proyecto es Marinaleda y, la gaditana, la primera de las diputaciones.

Fruto del impulso institucional articulado alrededor de la iniciativa pro autonomista se redactan seis borradores de estatutos que podemos clasificar bajo tres interpretaciones: los de corte federal, los basados en el papel predominante de las Diputaciones (mancomunal) y el netamente municipalista. Incluso, el Partido Republicano Federal presenta como propuesta simbólica el texto de la Constitución de Antequera (cincuenta años después de haberse redactado), aún fuera del marco legal de la Carta Magna. Como resultado de las consultas iniciales a instituciones y fuerzas vivas surge el Proyecto de Estatuto de Gobierno Autónomo de Andalucía, elaborado a mediados de 1931 con un claro matiz federal. Estructurado en torno a nueve títulos y dieciséis artículos, esta primera propuesta revela la existencia de un deseo de descentralización económica y administrativa a expensas de lo que la futura Constitución recogiese al respecto. Se trata de un texto abiertamente anticentralista que declara a Andalucía como “autónoma” en el camino de ser protagonista activa y consciente del desarrollo de sus riquezas culturales y económicas. Es un articulado avanzado y de propuestas atrevidas para su momento, (aunque algo abstracto y jurídicamente débil). Sin embargo, pierde su sentido y oportunidad una vez aprobada la Constitución (diciembre de 1931), dado el rechazo explícito de ésta a cualquier dimensión federal del Estado.

La Diputación de Sevilla con Hermenegildo Casas a su frente, convoca de nuevo en febrero de 1932 a sus homólogas y elabora las Bases para un Estatuto de Andalucía, segundo borrador de corte mancomunal y moderado, en donde las Diputaciones juegan un papel preponderante con respeto a los municipios. Junto al nuevo texto articulado, se fija una estructura funcional que articule el proceso hacia la autonomía alrededor de una dinamización territorial cuya responsabilidad está del lado de las corporaciones provinciales. Entre ellas, recae sobre la entidad hispalense la tarea de coordinarlas, pero todas ellas, en cualquier caso, se comprometen a la hora de impulsar una Asamblea Regional y dinamizar el proceso en los ocho territorios.

La Asamblea Regional Andaluza de 1933 en Córdoba

Según los acuerdos alcanzados en febrero de 1932, cada Diputación se encarga de promocionar en su respectiva provincia el borrador de Estatuto, divulgar el sentido del autogobierno, impulsar el respaldo popular y recabar enmiendas y pareceres a colectivos, instituciones y personalidades. Cada provincia debe así establecer un criterio común y fomentar la asistencia de sus representantes a un foro de ámbito andaluz. Sin embargo, la respuesta entre las ocho provincias es muy desigual y las sucesivas convocatorias de la Asamblea Regional se aplazan al priorizarse, la primera experiencia autonomista en Cataluña y su intenso debate en Cortes, la respuesta de sectores más conservadores y, además, por una buena dosis de frialdad de unos diputados que deberían haber sido sus primeros impulsores. La cuestión catalana abre un debate que los andalucistas apoyan con contundencia, pero suscita a su vez una inusitada reacción demagógica de las fuerzas conservadoras ante la pasividad también de una izquierda centralista.

La provincia de Sevilla cumple sus compromisos y elabora una enmienda a la totalidad a las Bases mancomunales de las Diputaciones, pese a que desde el resto también se impulsan encuentros con desigual éxito en sus convocatorias.

Finalmente, se elige a Córdoba como sede de la Asamblea y los días 29 y 31 de enero de 1933. El lugar escogido para la reunión es el Circulo de la Amistad. Sin embargo, pese a lo extenso de la convocatoria, la respuesta a la misma es dispar –a tenor de las instancias institucionales y privadas presentes– y desigual –si atendemos al número de delegados por provincias–. Sobre todo, salvo excepciones, los representantes en Cortes son los grandes ausentes y las representaciones de partidos de la izquierda tradicional.

El encuentro se inicia poniendo de manifiesto la falta de unidad y de criterio reinante entre los asistentes, tras un laborioso intento liderado por la derecha y elementos de la izquierda centralista por impedir que se constituya la Mesa, argumentando la artificialidad de la convocatoria y el hecho de que el espíritu autonómico, ni es prioritario ni popularmente sentido. Por dicha causa, una parte de la representación de Granada, Córdoba y Huelva abandona el foro, en una decidida actitud de boicotear sus resultados y de difundir su fracaso en la prensa. Sin embargo, sometido el tema a votación, se decide su continuidad gracias al empeño y al convencimiento personal del socialista Casas, que es acusado por sus propios compañeros de partido de querer erigirse en un Maciá andaluz. Así, se reinicia el debate, aun manteniendo Casas posturas contrarias a otros representantes de su propio partido (PSOE), el cual abandona meses más tarde.

La enmienda a la totalidad de los representantes hispalenses es el texto base escogido para el debate. Sus argumentos, defendidos por Manuel Giménez Fernández, favorecen un nuevo articulado, Anteproyecto de Bases para el Estatuto de Andalucía, en esta ocasión, con un claro matiz municipalista, una vez se consideran a estas instancias locales la raíz de toda la dimensión autonómica. Cuestión por otra parte heredada del federalismo.

El foro andaluz de la ciudad califal tendrá escasa repercusión legal y sus conclusiones políticas adolecen de la falta de consenso y apoyo por parte de unas instituciones republicanas que sufren el inicio de un bienio con una nueva mayoría conservadora en las Cortes contraria al proceso descentralizador. Pese a los trabajos realizados, el texto es aparcado a la espera de mayor respaldo social y político. Sus detractores centrarán los esfuerzos en desprestigiar el evento a través de los medios de comunicación.

El documento final que se aprueba supone la expresión de un deseo descentralizador argumentado con un limitado debate técnico, donde la búsqueda del ideal autonómico se salda con una victoria del municipalismo. El encuentro pone de manifiesto la falta de unanimidad y criterio de unos, así como la apatía y el desentendimiento de muchos. No faltan quienes para la defensa de sus intereses particulares, inmediatos y partidistas recurren al manido discurso del centralismo sevillano. En realidad, tras la demanda de autonomía onubo-extremeña estaban los intereses de la oligarquía conservadora y su pretensión de rentabilizar la salida por el puerto de Huelva de los productos del interior. Del mismo modo, tras la petición aireada de crear una Andalucía Oriental, sólo se escondía la suspicacia de que determinadas provincias iban a ser marginadas, cuando no la coincidencia de oscuros intereses partidistas, conservadores y centralistas, para rechazar un proyecto unitario.

Las conclusiones de Córdoba insisten en la necesidad de que el articulado definitivo tenga una adecuada “información pública”, por lo que se concede un plazo prudente para que los Ayuntamientos formulen propuestas y objeciones. Para ello, se dice, se constituirá una Comisión la cual nunca llega a formalizarse por las razones ya apuntadas. Las derechas nunca han creído en la descentralización de España: muy al contrario, siempre ha ocurrido que han percibido el movimiento autonómico y la pluralidad de sus pueblos como una amenaza a la unidad del Estado.

Parálisis autonomista y nuevas propuestas para el impulso

La suspensión del proceso descentralizador que vive el Estado por aquellas fechas pasa –incluso– por represaliar a la Generalitat como única institución autonómica creada entonces, y encarcelarla en el Penal de El Puerto de Santa María, adonde se acerca Infante para conocer a sus componentes y llevarles sus publicaciones. La Junta Liberalista, consciente de lo delicado del momento, analiza la situación y realiza un llamamiento público en la necesidad de seguir trabajando a favor del Estatuto.

De esta forma nace en marzo de 1934 la Federación Autonomista de Municipios Andaluces –FADMA– integrada por miembros de la Junta Liberalista y destacados políticos provinciales a título personal. Entre los objetivos que persiguen se encuentra “el reconocimiento de la personalidad regional, autónoma, con un deseo de anular todas las injusticias sociales”. Sobre la raíz del municipio y la comarca se “rechaza todo centralismo impuesto” y se aboga por “la intervención de los vecinos en los manejos de los fondos y asuntos de intereses público”. Al no ser la federación un partido, “el proyecto autonómico se sustenta en la voluntad de los municipios andaluces federados en comarcas, de forma que cada pueblo andaluz iniciará la obra de hacer grande a Andalucía”.

Sólo los círculos nacionalistas, aun con una influencia limitada, promueven actos, publicaciones y encuentros, para mantener viva la reivindicación autonómica, llegándose incluso a una confluencia táctica con otras organizaciones para campañas de dinamización de la causa (Unión de Autonomistas Andaluces).

Fruto de este empeño, desde las filas andalucistas se emprende una solitaria tarea: editan y difunden entre municipios y entidades de toda Andalucía la propuesta de Estatuto resultante de la Asamblea Regional de 1933. De nuevo, el autonomismo pivota sobre el papel de unos ayuntamientos que también sufren durante aquel bienio el azote de un gobierno conservador. Sólo las expectativas de una gran coalición electoral de las fuerzas de izquierdas republicanas podrían devolver confianza e impulso al movimiento.

El impulso del Frente Popular y el golpe militar

El triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 significa en unos casos la recuperación de los proyectos autonómicos interrumpidos; en otros, la aparición de nuevas iniciativas en idéntico sentido.

Se restaura la Generalitat, se restablecen ayuntamientos suspendidos en el País Vasco y se inician en Cortes los debates del anteproyecto estatutario de este último territorio. En Galicia se celebra el referéndum para aprobar su texto. Comienzan igualmente a proliferar reuniones proautonómicas por Valencia, Islas Canarias, Aragón, Islas Baleares, Castilla y León. El escenario de Estado cambia, de manera que rebrotan comportamientos sociopolíticos, mientras los partidos de izquierdas se implican ahora en mayor medida ante el tema regional. La autonomía es percibida ahora como una profundización de los ideales republicanos.

Las expectativas que en su día levantó la llegada de la República parecen repetirse y, en consecuencia, la Junta Liberalista cursa una nueva invitación a la Diputación sevillana para retomar las conclusiones alcanzadas en Córdoba e impulsar de nuevo una cita regional donde recuperar los acuerdos de 1933.

De esta forma, se convoca una nueva Asamblea Pro Junta Regional Andaluza a celebrar el 5 de julio en Sevilla, a partir de la experiencia sucedida años anteriores. En esta ocasión, la convocatoria se limita a representantes en Cortes, Diputaciones y municipios cabeza de partido judicial. De nuevo, la asistencia es limitada aunque con unanimidad entre los delegados. Ahora, con una metodología más dinámica que en Córdoba, se desea un Estatuto a través de una Junta Ejecutiva Regional, a modo de promotora entre partidos políticos y municipios, para la que se nombra a Blas Infante su Presidente de honor, en reconocimiento a toda su labor durante los años precedentes. Dicho órgano actúa en lo relativo al proceso estatutario, y tiene previsto celebrar un tercer foro andaluz el 27 de septiembre de 1936, fecha en la que se prevé aprobar el Estatuto definitivo para que sea ratificado más tarde mediante referéndum y elevado después a las Cortes.

El 12 de julio de 1936 tiene lugar en el balcón del Ayuntamiento de Cádiz el último de los izados oficiales de la bandera verde y blanca, acto que cuenta con la presencia de Blas Infante. Al día siguiente, el nominado por el Parlamento de Andalucía y el Congreso de los Diputados como Padre de la Patria Andaluza, pronuncia su último discurso exhortando a la autonomía ante los micrófonos de Radio Jerez. Al paso de los años, las propuestas iniciales del movimiento nacionalista son asumidas institucionalmente, de manera además de bandera y escudo, el himno hoy por todos conocido es interpretado por vez primera en público por la Banda Municipal de Sevilla en la Alameda de Hércules el 10 de julio de 1936. Sin embargo, el golpe militar corta de raíz las libertades e imposibilita violentamente que el proceso andaluz siga adelante. Galicia pudo con anterioridad plebiscitar su Estatuto, y el País Vasco logra poner en marcha su autogobierno durante el conflicto bélico. De ahí que la Constitución de 1978 junto a Cataluña, les absuelve de demostrar una voluntad autonómica porque ya lo hicieron aquellos años.

Con la insurrección del 18 de julio, algunos de los miembros destacados del andalucismo, empezando por el propio Blas Infante, son asesinados (él lo fue el 11 agosto de 1936); otros sufrieron cárcel, exilio, silencio y clandestinidad durante décadas. La Historia parece dar la espalda a Andalucía en esos momentos. Máxime cuando la intentona golpista ocupa en sus primeros días buena parte de Andalucía con tropas provenientes de África. De no haber existido esa rebelión militar, España hubiese dibujado un mapa autonómico muy semejante que hoy tenemos.

Epílogo

Todos estos acontecimientos, personajes y símbolos los descubrimos en los albores de la Transición. El redescubrimiento de unos y otros tras lustros de silencio, formaron parte del impulso que los andaluces dieron a su autonomía un 4 de diciembre de 1977. El mismo ímpetu que posibilita una salida política al bloqueo de un 28F ya que el bipartidismo de entonces –UCD y PSOE- intentaron con sus duras condiciones ante un referéndum cuasi imposible, reconducir una voluntad autonomista que había llegado a convertirse en un problema de Estado en su naciente democracia.

Un último apunte en este breve recordatorio de lo que los andaluces y andaluzas perdimos con la insurrección armada, nos invita a subrayar que Andalucía gracias al 4D y 28F conquista un nivel de autogobierno político que la Historia le había negado en 1936. Los andaluces hemos conquistado a pulso una autonomía que no podemos dejar se devalúe ya que parte de las soluciones a sus problemas pasa por el ejercicio de sus competencias políticas secuestradas, como su reivindicativa bandera y contenido del himno, en despachos oficiales. Necesitamos de un máximo nivel de autogobierno porque este pueblo demanda respuestas en la medida que de forma muy crítica padece esta crisis. Recuérdalo somos herederos de un sentido histórico y aunque no queramos, hacemos día a día una Historia de la que somos protagonistas aún sin quererlo.

Más información en:

* DIAZ ARRIAZA, J. y RUIZ ROMERO, M., El proceso autonómico de Andalucía durante la II República, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1991.

* HIJANO, M. y RUIZ ROMERO, M., El Ideal Andaluz en la II República. La Asamblea Regional Andaluza de 1933, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1995.

!Andaluces levantaos! Primer texto político a favor del autogobierno de Andalucía, Sevilla, Ayuntamiento de Ecija, 1997.

Documentos para la historia de la autonomía andaluza (1882-1982), Málaga, Sarriá, 2001

* HIJANO DEL RÍO, M., PONCE ALBERCA, J. y RUIZ ROMERO, M., “Frente Popular y recuperación del impulso autonómico”, en Actas del VII Congreso sobre el Andalucismo Histórico, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1996, pp. 313-327.

* INFANTE PÉREZ, BLAS, La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía, Sevilla, Junta Liberalista de Andalucía, 1931; (reed.) Granada, Aljibe, 1979 y  Sevilla, Fundación Blas Infante, 2006.

* INIESTA COULLAUT-VALERA, E., Infante: Toda su verdad (Vol. I, Sevilla, Comares-Consejería de Relaciones con el Parlamento, 2000); (Vol. II, Granada, Atrio s.l., 2003), (Vol. III, Almuzara, 2007).

* LACOMBA ABELLÁN, JOSE, A., Regionalismo y autonomía en la Andalucía contemporánea (1835-1936), Granada, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1988.

* RUIZ ROMERO, M., La conquista de la autonomía andaluza (1975-1982), Sevilla, IAAP, 2005.

— Guía bibliográfica sobre la Transición Andaluza, Sevilla, Fundación Centro de Estudios Andaluces, (Factoría de Ideas), Consejería de Presidencia, 2007, edición digital.

Repertorio bibliográfico sobre el Andalucismo Histórico, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces (Factoría de Ideas), Consejería de la Presidencia, 2008, (formato digital).

Manuel Ruiz Romero

Andaluz que aspira a serlo de conciencia, busca militancias pretéritas para construir la Historia del futuro. Amigos de sus amigos, investigador social y crítico constructivo

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